La Corte confirmó s la UIF como querellante en el juicio de los Cuadernos de las Coimas

Por unanimidad la Corte Suprema de Justicia, confirmó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 imputados por los sobornos investigados en el marco del caso Cuadernos. La medida se adoptó tras rechazar una serie de planteos de los abogados de empresarios y ex funcionario que pedían apartar al organismo del debate oral y público que comenzó la semana pasada.

A dos días de celebrarse la segunda audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) con la intervención del Ministerio Público Fiscal representado por Fabiana León, el máximo tribunal confirmó la intervención de la UIF como querellante en el juicio por los Cuadernos de las Coimas que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, señalada como jefa de la asociación ilícita que durante doce años, se dedicó a la recaudación de fondos ilegales.

El fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimó las diversas presentaciones correspondientes a las defensas de Hugo Dragonetti, Mario Rovella y Pablo Gutiérrez que pedían el apartamiento del organismo antilavado. A ese reclamo se sumaron Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y ex Subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El rechazo se fundó en la premisa central de que los recursos extraordinarios que llegaron ante el máximo tribunal, no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiperable a tal.

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal -la “causa madre”-, se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron seis investigaciones por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. Hay dos tramos que ya fueron juzgados y con condenas dictadas.

Fue en el marco del caso central y del conocido como “la Camarita”, que se había pedido el corrimiento de la UIF como querellante durante el juicio, bajo el argumento de que las correspondientes pesquisas no se cocentraban en maniobras de blanqueo de activos. Pese a ello, la Corte Suprema no hizo lugar a la presentación.

En tanto, por incumplimiento de las formalidades de la acordada 4/2007, la Corte Suprema desestimó la presentación de la defensa de Gutiérrez que reclamaba que se hicieran peritajes contables sobre la base de partidas presupuestarias por la Dirección Nacional de Vialidad.

La finalidad de esa medida, era determinar que el gobierno de Cristina Kirchner su empresa lejos de haber sido beneficiada con la cartelización de la obra pública, fue perjudicada.

Bajo esa misma pretensión, la defensa del empresario había requerido que se avale la declaración como testigos del ex titular de la Cámara de la Construcción -Carlos Wagner- y del financista kirchnerista, Ernesto Clarens. Ambos integran el extenso listado de imputados colaboradores que permitieron desentrañar lo que la justicia federal calificó como “la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años”.

En este tramo se investigó la cartelización de la obra pública civil. Wagner fue quien confesó la existencia de sobornos que iban del 3 al 20%, mientras que el ex secretario de Obras Públicas, involucró directamente a la ex Presidenta en el circuito de sobornos.

Este jueves el juicio se reanudará a cargo del TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, donde se continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

La semana pasada durante la primera audiencia del debate oral y público y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, se leyeron 40 hechos de cohecho pasivo (recepción de coimas) atribuidas a la ex presidenta. Como contó Clarín, representan más de 10.400.000 de dólares.

Resta aún la lectura de otros 164 sobornos que son parte de la acusación contra la ex mandataria apuntada como jefa de la asociación ilícita que comenzó a ser juzgada el jueves 6 de noviembre.

Cuando se firmó el requerimiento de elevación a juicio, se sostuvo que en este expediente se puso énfasis en las “presuntas actividades delictivas habituales, vinculadas a la obtención y recepción de dinero de procedencia ilícita -recaudado mediante distintas empresas contratadas por el Estado Nacional y por algunas entidades públicas”.

El caso inició con las copias incorporadas al expediente de los cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta. Fue el puntapié inicial para lo que la justicia denominó como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”.

A lo largo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal dio por corroborado que Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Claudio Uberti, José López, entre otros, “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Para la justicia federal, la organización de la asociación ilícita dirigida primero por Néstor y luego de su muerte por Cristina Kirchner contó con la participación de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal. Todos ocuparon diversos roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”.

La asociación ilícita, según determinó el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, estuvo constituida por más de tres personas destinada a “cometer delitos, la cual habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive -ese período posteriormente fue prolongado a los años 2003-2015”.

Así llegó el caso a juicio oral a finales de 2018. La organización delictiva cumplió con ciertos elementos requeridos para calificar la asociación ilícita: la “estabilidad de grupo, pertenencia de los integrantes, con existencia de un acuerdo para el logro de un fin, una estructura y la actuación coordinada entre sus miembros -con un rol y aporte personal de cada uno de ellos”.